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Rescatarán carretera Ímuris-Cananea con inversión de 106 millones

Destinará SCT recursos y en 10 días podrían iniciar los trabajos de reparación

En un plazo de unos diez días iniciarán los trabajos de rehabilitación y reparación del tramo carretero Ímuris-Cananea, el cual presenta un alto grado de deterioro debido a la falta de mantenimiento durante el 2019 y los daños provocados por las constantes lluvias en la región.

Eduardo Pacheco Grajeda, director del centro SCT Sonora, dijo que para este año se dispone de un presupuesto de 106 millones de pesos que será invertido para rescatar dicha rúa.

En entrevista en el espacio informativo de Proyecto Puente, el funcionario federal reconoció que el tramo carretero se encuentra altamente deteriorado.

De hecho, mediante diferentes redes sociales ciudadanos han manifestado su inconformidad por el estado de la carretera y han alertado sobre el riesgo que representa transitar por dicha vía, ya que los constantes baches provocan constantes accidentes.

Pacheco Grajeda explicó que hubo un programa de conservación periódica de siete años durante el sexenio federal anterior que se dio terminado de manera anticipada a finales del 2018 y para el 2019 el Gobierno Federal no asignó recursos para rehabilitación y lo que se invirtió fue sólo en conservación rutinaria, como limpieza y bacheo superficial.

De igual forma dijo que para el actual ejercicio se asignaron un total de 106 millones de pesos que serán destinados para la rehabilitación del tramo carretero.

A finales de año se iniciaron los concursos para la conversación de esta rúa y estamos en la adjudicación y firma de contratos para iniciar los trabajos, se estima que en unos diez días más iniciarán los trabajos de reparación de la carretera, mencionó.

El centro SCT Sonora tendrá un presupuesto de mil 420 millones de pesos y de ese monto 990 millones será para conservación y otros 430 millones para carreteras federales de todo el estado, sobre todo la del tramo Cananea-Janos.

Dijo que la dependencia federal mantiene una política de privilegiar a las empresas locales en la asignación de contratos.

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